Por José Granados Fernández
Twitter @JoseGranadosF

Nada que baja el precio de la luz en la Región Caribe: en los últimos 5 meses las tarifas mantuvieron sus altos costos, y de manera particular en el mercado que atiende la empresa Air-e el precio del kilovatio/hora llegó en junio hasta los $915.63, de acuerdo con el seguimiento que mes a mes hace la Oficina de Servicios Públicos de Barranquilla.

A raíz del fracaso del gobierno de Gustavo Petro para reducir las tarifas eléctricas, a los usuarios residenciales, comerciales e industriales de esta zona del país, asfixiados con los aumentos, sólo les quedan como alternativas que las demandas que cursan en el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado detengan el espiral alcista que arrancó en 2021.

El primero de esos procesos es una Acción Popular presentada por los personeros de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate; Santa Marta, Edwar Orozco, y Riohacha, Yeison Deluque, ciudades en las que Air-e presta servicio. El objetivo es que se amparen “el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna” y se protejan “los derechos de los consumidores y usuarios”.

La demanda, admitido por su trámite preferencial, se originó tras la respuesta negativa que la cuestionada Comisión Reguladora de Energía y Gas, Creg, dio cuando los personeros solicitaron que revisara y ajustara las Resoluciones 010 de 2020 y 078 de 2021 debido a que estaban generando un descomunal incremento tarifario, con porcentajes que han llegado a más del 70%.

El personero Alzate reafirma que la Creg no debió negarse a revisar las resoluciones porque, a juicio de los delegados del Ministerio Público, había mérito para ello. “Como se ha demostrado, sí existe una lesión injusta para los usuarios de la Región Caribe y la ley dice que en esos casos debe hacerse la revisión”.

Insiste en que rebajar las tarifas es “justa y necesaria” por el “daño enorme” que están sufriendo los casi 2.700.000 usuarios que atiende Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira. al igual que el mercado de Afinia en Bolívar, Cesar, Sucre y Córdoba.

Remarca Alzate que los altos valores facturados, muy superiores a los que pagan los usuarios de otras comercializadoras en el interior del país, son un “obstáculo, una barrera” para que las comunidades de la Costa tengan acceso a este servicio público esencial.

Los personeros esperan que el fallo favorezca los derechos y ayude a mejorar la calidad de vida de los usuarios.

La Acción Popular está en poder del magistrado Jorge Eliécer Fandiño. Además de pedir que amparen los derechos y el interés colectivo, solicitaron como medida cautelar que suspenda la aplicación de las Resoluciones 010 y 078.

Proceso en Consejo de Estado

La segunda demanda es una Acción de Nulidad y cursa en el Consejo de Estado. Fue presentada por los alcaldes de las capitales costeñas en contra las dos resoluciones de la Creg, al acoger la propuesta del mandatario barranquillero, Jaime Pumarejo, de hacer frente a lo que ha llamado “desproporcionados incrementos tarifarios eléctricos”.

Al presentar la Acción de Nulidad, que ya fue admitida, la Alcaldía de Barranquilla calificó el cobro autorizado por la Creg, durante el gobierno del presidente Iván Duque, como un “impuesto disfrazado”.

Adalberto Palacios, secretario jurídico distrital, reafirma que en la demanda piden que las resoluciones sean anuladas por los “notables perjuicios regionales a los sectores residenciales y productivos”.

En busca de lograr soluciones que permitan una rebaja efectiva de los excesivos costos eléctricos, Palacio anuncia que en el Tribunal Administrativo del Atlántico se sumarán a la demanda que presentaron los personeros.

Mientras las dos demandas siguen sus trámites, el alcalde Pumarejo ha arreciado sus críticas por los incrementos eléctricos. “En la Costa, la gente tiene que escoger entre si come o paga el recibo de la luz”, cuestionó el mandatario en varias visitas a barrios barranquilleros.

Por esa razón, Pumarejo insiste en que el Gobierno Nacional ejecute tres soluciones para bajar las tarifas y sobre todo acabar con la subnormalidad eléctrica, que es la madre del robo de energía. Esta acción delictiva la trasladó la Creg a los usuarios de la Región Caribe, que son los únicos que están pagando los fraudes que no cometen y son afectados por el incremento tarifario.